Exigimos que los fondos europeos se destinen realmente a proyectos dirigidos a una transición ecosocial

-Organizaciones ecologistas, sindicales y colectivos sociales nos movilizamos en diversos puntos del Estado para exigir al Gobierno que los fondos europeos para la recuperación y reactivación económica estén al servicio de las personas y el medio ambiente.

-En Mallorca, las entidades que conformamos l’Aliança per a l’Emergència Climàtica, hemos impulsado una acción simbólica ante Delegación de Gobierno en Palma.

-Las organizaciones participantes denunciamos que estos fondos irán a parar a las mismas corporaciones y sectores industriales han causado la crisis ecológica, socioeconómica y sanitaria que padecemos actualmente.

Concentradas ante Delegación de Gobierno en Palma, diversas personas activistas, de la decena de entidades que conformamos l’Aliança per l’Emergència Climàtica de Mallorca,  han representado el «reparto del pastel» en referencia a la previsible adjudicación desigual de los Fondos de Recuperación Económica «Next Generation» tras la crisis de la COVID–19.

Las organizaciones denunciamos que el reparto de los miles de millones procedentes de la UE va a servir fundamentalmente para acrecentar aún más el poder de las grandes corporaciones.

Señalamos que son las mismas corporaciones que apuntalan un sistema desigual y depredador, situado en el origen de esta crisis sanitaria y social a través de la destrucción sistemática de la biodiversidad y de los elementos que sostienen la vida. Cuestionamos que la apuesta por la hiperdigitalización o el lavado verde de empresas que han contribuido al cambio climático difícilmente pueden sentar las bases de una auténtica transición ecosocial. Afirmamos que, nuevamente, estas compañías dejarán a la mayoría de la población «con las migas que les sobran del pastel».

Esta acción en Palma se suma a otras similares que han tenido lugar durante este pasado fin de semana, algunas de ellas también ante las delegaciones del gobierno, en una decena de ciudades por todo el Estado español.

El Gobierno español publicó a finales de diciembre el  RD 26/2020 que establece la forma de gobernanza para la adjudicación de los fondos. Esta norma deja clara la apuesta por las colaboraciones público-privadas como piedra angular de la gestión de los grandes proyectos, a través de la figura de los PERTEs. Las organizaciones que han protagonizado la protesta denuncian que este modelo mixto, que ha sido cuestionado por el Tribunal de Cuentas Europeo, es una forma de privatización encubierta que ha proliferado en los últimos años como una vía para poner en manos del sector privado la construcción y gestión de bienes y servicios tradicionalmente públicos. Se trata de una figura que permite socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. 

Estas condiciones reducen las posibilidades de acceso a toda una red capilar de proyectos de la economía social y solidaria que, según las organizaciones convocantes, sí podrían suponer una transformación importante del modelo económico, basado en una planificación y gestión democrática, y una mirada feminista, social y solidaria.

La pandemia ha puesto de relieve la fragilidad de un sistema globalizado donde los sectores que sostienen una vida digna (como las residencias o la sanidad) están precarizados, así como la falta de resiliencia de unos ecosistemas cada vez más degradados. Los fondos europeos asignados a nuestro país ascienden a 140.000 millones de euros, la mitad como préstamos y la otra mitad a fondo perdido, deberían servir para fortalecer las condiciones necesarias para la vida. Sin embargo, lejos de financiar una transición ecológica justa, todo apunta a que van a estar condicionados a reformas  estructurales, laborales y del sistema público de pensiones que van a profundizar la brecha social, que perpetúan el actual sistema económico injusto.

Las organizaciones señalamos que la transición prometida no supone ninguna transición, ni ecológica ni social, sino más de lo mismo. Para enfrentar las múltiples emergencias en las que vivimos, estos fondos deben destinarse a fortalecer los servicios públicos, ordenar y planificar una auténtica transición ecológica, garantizar la justicia social, y transitar hacia una economía social y solidaria, feminista y que priorice el bien común en lugar del lucro privado.

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