ARCA, GOB y Amics de la Terra denuncian que las modificaciones de las finalidades del Impuesto de Turismo Sostenible de forma unilateral por parte del Govern desvirtuan y pervierten los objectivos de unos fondos, ahora, más necesarios que nunca.

  • Las entidades exigen el cumplimiento de la propia Ley del impuesto de Turismo Sostenible que han derogado de facto y el cumplimiento de los acuerdos de gobernabilidad de Bellver relativos a la revisión de las finalidades del ITS: hay que volver a garantizar la disposición de un impuesto finalista ecopatrimonial, revisar las finalidades, la toma de decisiones y garantizar la transparencia y la participación real y efectiva de los órganos de decisión.
  • Las entidades denuncian el comportamiento abusivo de la administración en el destino y la administración de los fondos del impuesto que ha desnaturalizado y convertido en un cajón de sastre a disposición del Govern, sin participación ni transparencia en la toma de decisiones.

La semana pasada se anunció por parte del Govern que se vuelve a suspender, un ejercicio más – ya lo hizo con la Ley 2/2020, 2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Islas Baleares para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, art. 37- el funcionamiento de la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible y la aprobación del Plan Anual estratégico, para destinarlo a gastos COVID y que las inversiones en “turismo sostenible” se verán compensadas por los fondos europeos.

Para las tres entidades que formamos parte del Comité ejecutivo y el Pleno de la Comisión de Impulso del Turismo sostenible, esta decisión se suma a toda una serie de aspectos que ya hemos ido denunciando y que constatan la degradación progresiva y desnaturalización de los objetivos originales del Impuesto y la nefasta gestión que se ha hecho en los últimos años.

Un impuesto que tiene que ser finalista, ecopatrimonial y participado, y que es ahora, más necesario que nunca.

Desde las diferentes entidades, y como participantes de las sesiones del Comité ejecutivo y del Pleno, hemos denunciante durante todo este tiempo:

1.- Que, desde su creación, en 2016, el Govern solo ha convocado la Comisión para ratificar sus planes. Su funcionamiento no es suficientemente transparente, partipativo ni decisorio. Ahora, además, la Comisión para el Impulso del Turismo Sostenible está suspendida a raíz de la COVID, justamente cuando el diálogo social es más necesario que nunca.

Es la Administración la que ha decidido (o negociado fuera del ámbito de la Comisión y el Plenario) cuáles son los proyectos que se tienen que seleccionar para obtener financiación, y que el papel de la Comisión y el Plenario se reduzca a ratificar las decisiones que ha tomado la Administración sin ningún tipo de criterios objetivos de valoración de los proyectos.

2.- Que se han empleado sus fondos de una manera arbitraria para hacer inversiones que no se corresponden con el objetivo originario del ITS. La Ley de la ITS establece que se priorizará la inversión en proyectos ambientales y patrimoniales por qué determina que tendría que ser un impuesto finalista. En cambio, el uso que se hace de estos fondo público promueve todo el contrario, agraviando la crisis socioecológica con más crecimiento insostenible.

3.- Los criterios de valoración para la selección de proyectos son contradictorios en muchas ocasiones con el que establece la propia Ley del Impuesto y su despliegue reglamentario. Hay una carencia absoluta de transparencia en cuanto a los criterios que ha usado la AETIB para determinar que los proyectos que se aprobaban eran sostenibles desde el punto de vista ambiental, social y económico, tal como establece el artículo 19.3 de la ley. Ahora mismo desconocemos el % de los recursos del fondo que se han destinado hasta la suspensión de las finalidades del impuesto, a las actuaciones del el artículo 19.3 a) de la ley (protección, preservación, modernización y recuperación del medio natural, rural, agrario y marino) que la misma ley considera que dentro del conjunto de estas actuaciones se tienen que priorizar los proyectos de carácter medioambiental. También se desconoce el número de proyectos que podrían formar parte de las actuaciones a que hace referencia la letra a) y que han quedado fuera financiación.

4.- La nula intención por parte del Govern de que el resto de miembros de la Comisión participen en la toma de decisiones, como pone de manifiesto el sistema de votación que es indicativo del carácter residual y para cubrir las apariencias en cuanto a la representación de las entidades del tercer sector, con un mecanismo que exige la unanimidad entre la representación de las entidades que tengan como principales finalidades la defensa y promoción del medio ambiente o cualquier otra de las finalidades a que se refiere el artículo 19.3 de la Ley 2/2016, abocando a la consideración de abstención del voto si no hay coincidencia absoluta. La manifiesta perversión de este procedimiento supone, a la práctica, el silenciamiento de las voces de una parte muy relevante de la sociedad de nuestras islas en la gestión de este impuesto, y es indicativa de la carencia de interés real por parte del Govern de les Illes Balears hacia la participación social.

5.-Ciertos gastos millonarios del fondo, de las que solo tenemos conocimiento a través de la publicidad, conculcan, a nuestro entender, incluso los destinos “urgentes y extraordinarios” para paliar los efectos de la crisis de la COVID-19 potenciando la recuperación económica de las Islas Baleares (Ley 2/2020, 2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Islas Baleares para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, arte. 37).

6.-El bloqueo de la creación de grupos de trabajo previstos a la Ley y al Reglamento y que no han sido nunca convocados.

7.-La connivencia del resto de adminstraciones ante unos hechos denunciados por escrito y de forma presencial y reiterada en las reuniones de la Comisión.

 

  • Las entidades reclaman la convocatoria urgente y extraordinaria del Pleno de la Comisión

Por todo esto, las tres entidades exigimos que no se suspenda de facto el Impuesto y que el Govern cumpla lo que determina la propia Ley del Impuesto y lo que se comprometió en los acuerdos de gobernabilidad del Pacto de Bellver (acuerdo 91). Así, exigimos que se convoque con carácter extraordinario y de urgencia el Pleno de la Comisión para revisar objetivos, finalidades y gestión de los fondos.

Desde las entidades reclaman poner en marcha un equipo de trabajo que revise las finalidades de la ITS (arte. 19.3), elabore la estrategia, como mínimo por un periodo quinquenal y que se abra un proceso para volver a redactar la composición, el sistema de votación y de valoración de proyectos.

Además, exigimos el informe de evaluación de impacto de la Ley y del Impuesto que establece la Disposición Adicional primera de la Ley y que determina que:

“En el plazo de dos años y medio contados desde el primer devengo del impuesto a que se refiere el apartado 2 de la disposición final tercera de esta ley, y en todo caso antes del 31 de diciembre de 2018, y posteriormente cada tres años, el Govern de les Illes Balears elaborará un informe de evaluación de impacto de la ley y del impuesto.

El informe tendrá que incluir un análisis detallado y motivado, como mínimo, de los siguientes aspectos:

a) La eficacia del impuesto, a los efectos de determinar en qué medida se han conseguido las finalidades pretensas con la aprobación.

b) La eficiencia de la ley, identificando las cargas administrativas que podrían haber sido innecesarias.

c) La sostenibilidad del impuesto, en el marco previsto a la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, y al resto del ordenamiento jurídico.

d) El impacto que el impuesto pueda generar.

 

Desde las entidades GOB, ARCA y Amics de la Terra, consideramos imprescindible regenerar el espíritu y aplicación efectiva del Impuesto. Un impuesto necesario, gestionado de manera abierta y transparente, con inversiones finalistas que garanticen el futuro de la propia tasa y su contribución a la protección del mediambiente y del patrimonio de las Islas Baleares.

Otras noticias relacionadas:

Les entitats ecologistes voten en contra de la proposta de repartiment del fons de l’impost turístic

https://www.gobmallorca.com/que-feim/territori-i-urbanisme/gob-i-amics-de-la-terra-voten-en-contra-de-la-proposta-del-govern-de-sobre-els-projectes-que-es-beneficiaran-de-l-impost-de-turisme-sostenible

Amics de la Terra insisteix que l’impost turístic hauria de servir principalment per la protecció del medi ambient

Amics de la Terra defensa un impost turístic orientat exclusivament a millorar el patrimonio natural i cultural

En Amics de la Terra Mallorca utilizamos cookies para mejorar la experiencia de navegación. Si sigues navegando en nuestra web entendemos que aceptas su uso.Política de privacidad y cookies