Clima y energía

Proponemos 5 medidas concretas para minimizar la contaminación de los cruceros

La plataforma “Fins Aquí Hem Arribat”, con FAAVV Palma y Amics de la Terra Mallorca, proponen 5 medidas concretas para minimizar la contaminación de los cruceros.

Las organizaciones piden en el Gobierno de las Islas, a la Autoridad Portuaria y en el ayuntamiento de Palma actuar pronto para minimizar la contaminación y la masificación provocada por los cruceros.

Visto la apuesta de los últimos años por parte de Autoridad Portuaria de las Islas Baleares y el Gobierno de las Islas de intensificar el turismo de cruceros sin tener en cuenta en absoluto los impactos socioambientals que actualmente está provocando, desde la Plataforma #FinsAquíHemArribat, con el apoyo de la Federación de Asociación de Vecinos de Palma y Amics de la Terra Mallorca, planteamos cinco propuestas concretas con el objetivo de limitar, regular y controlar los impactos negativos del turismo de cruceros.

1. Pedimos en el Gobierno y del Parlamento de las Islas Baleares que impulse y se posicione a favor de la creación de una Zona de Emisión Controlada de gases contaminantes a la Mediterránea. La idea es que este paso implique la creación de áreas de control de emisiones tanto de azufre (SECA) cómo de óxidos de nitrógeno (NECA) y aborde explícitamente las emisiones de partículas y carbono negro. El Mar Báltico, el mar norteño y el Canal de la Manga ya aplican estas restricciones y Francia se ha mostrado favorable a que se declare zona ECA el Mediterráneo.

La contaminación que generan las emisiones de los barcos está en aumento y las normas de emisión global establecidas por la Organización Internacional Marítima vuelven cada vez más restrictivas desde el año 2010, cuando entró en vigor el anexo VI del Convenio MARPOL. El Convenio MARPOL (MARine POLution) es el que establece medidas de prevención de la contaminación del aire por partes de los grandes barcos. El anexo VI revisado introdujo, en particular, límites de azufre más estrictos para los combustibles de uso marítimo a las zonas SECA (Sulphur Emission Control Area en inglés) establecidas en los Estados Unidos, Canadá, Caribe, mar norteño y Báltico (1,00 % a partir del 1 de julio de 2010 y 0,10 % a partir del 1 de enero de 2015). En las zonas marítimas fuera de zonas SECA, como es el caso del Mediterráneo, las limitaciones establecidas son de 3,50 % a partir del’1 de enero de 2012 y 0,50 % a partir del 1 de enero de 2020.

Este convenio fue ratificado por el Estado Español junto con Samoa, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Dinamarca, Alemania, Grecia, Liberia, las Islas Marshal, Noruega, Panamá, Singapur, Suecia y Vanuatu.

El Gobierno de las Islas por lo tanto, en cumplimiento del Convenio MARPOL, tendría que instar en el Gobierno Español a que el Mediterráneo sea considerado Zona de Emisiones Controlada, buscando alianzas con otras comunidades autónomas y otros países que también sufren la contaminación de los cruceros, petroleros y otros grandes barcos en general.

Pedimos por lo tanto, una regulación obligatoria para limitar, controlar y sancionar las emisiones de los barcos y cumplir con las Directivas 2008/50/CE y 2012/33/UE de calidad del aire y de limitación del contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo, respectivamente. El límite de contenido de azufre para los combustibles de uso marítimo tiene que ser de 0,1% a las aguas territoriales de los Puertos de las Islas.

Y que el Gobierno y Parlamento se pronuncien a favor de la creación de una ECA (Área de Control de Emisiones) en el Mar Mediterráneo.

  1. La segunda medida, dirigida a las navieras, para que utilicen a sus barcos desulfuritzadors de gases emitidos para limitar las emisiones de óxidos de azufre, de forma que el resultado de la combustión sea equivalente al de un combustible con el límite de azufre fijado a las Zonas de Emisión Controlada. Para la verificación de todo esto los barcos disponen de certificados oficiales que forman parte de la documentación del barco, los cuales tendrían que ser exigidos por la autoridad. Proponemos el establecimiento de impuestos sobre las emisiones de los barcos como herramienta efectiva para reducir sus emisiones.

  2. La tercera medida consiste a limitar la llegada simultánea de cruceros. Actualmente se acumulan hasta 6 y 7 el mismo día al puerto de Palma.

Reclamamos que se limite el número y tamaño de los cruceros y no se acepten más de dos cruceros al puerto de manera simultánea.

  1. Reclamamos información clara y transparente en relación a las emisiones, el agua y los residuos de este tipo de embarcaciones cuando son al Puerto.

El APB anunció al 2016 la firma de un convenio con la UIB para estudiar el impacto del turismo de cruceros a través de la instalación de una red de sensores de contaminación Variables contaminantes (SONIDO2, NO2, NO, CO, O3, PM10, PM2,5, Ld, Le), L y bullicio dos años después no se ha hecho público ni un suelo resultado de las medidas. Queremos datos accesibles de las medidas al alcance para ser consultadas por toda la población en tiempo real.
Desconocemos además como se gestionan los residuos generados por los creurs cuando llegan a Puerto, así como los requerimientos de agua que tienen también un golpe llegados a Puerto. Cómo se gestiona? Cómo se cobra? Reclamamos también información en este sentido.

  1. Una ecotasa al nivel de contaminación de los cruceros. Los cruceros tienen un consumo de combustible, agua y recursos extraordinarios. Además tienen impactos socioambientals sobre a los lugares que visitan. Si tenemos presente la máxima de quien contamina paga, los cruceros tendrían que pagar una tasa turística elevada. Ahora están pagando 1 euro/día. Proponemos que esta tasa sea de 5 euros/día. El 2018 se espere que lleguen unos 2 millones de creueristes.

Pensamos que estas 5 medidas son razonables y factibles, permitirían ordenar la llegada de los cruceros, reducir la contaminación y la masificación, aumentar la calidad del aire gracias a la limitación de las emisiones de ciertos contaminantes muy nocivos por la salud y los ecosistemas, aumentar los estándares de calidad a las compañías que quieran operar al Mar Balear y disponer de más recursos públicos para paliar las consecuencias de los vertidos y otros impactos ambientales negativos.